El Congreso argentino ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para abordar dos problemáticas emergentes en el ámbito digital: la difusión no consentida de contenido íntimo, conocida como “revenge porn”, y la creación de representaciones eróticas o pornográficas manipuladas mediante técnicas de inteligencia artificial, los denominados “deepfakes”.
El proyecto, impulsado por un grupo de legisladores, propone la incorporación de tres nuevos artículos al Código Penal. El primero de ellos, el artículo 155 bis, sanciona con penas de prisión de 6 meses a 4 años y multas de entre $100.000 y $500.000 a quienes divulguen, publiquen o cedan a terceros, sin consentimiento, imágenes, grabaciones de audio o videos de contenido sexual o erótico de una persona en el marco de una relación íntima o de confianza.
La iniciativa también contempla agravantes cuando la obtención de los contenidos se produzca mediante el acceso no autorizado a dispositivos de la víctima, estableciendo penas de 10 meses a 6 años de prisión y multas de entre $200.000 y $775.000.
Adicionalmente, el proyecto incorpora el artículo 155 ter, que sanciona con multas de $20.000 a $150.000 a quienes redifundan, publiquen o compartan con terceros, a través de las tecnologías de la información y comunicación, contenidos íntimos de una persona con la que no tienen un vínculo directo previo, siempre que dicho material no estuviera destinado a ser accesible públicamente.
Por último, el artículo 155 quáter busca penalizar la creación, difusión, publicación o distribución de representaciones eróticas o pornográficas, aparentemente auténticas o verosímiles, de una o más personas, generadas mediante técnicas de inteligencia artificial. La pena establecida es de 6 meses a 4 años de prisión y multas de $100.000 a $1.000.000.
Cabe destacar que, en línea con otros delitos sexuales, el proyecto propone que estos nuevos ilícitos sean de acción privada, quedando en manos de las víctimas la decisión de iniciar o no el proceso judicial.
La presentación de este proyecto de ley se enmarca en los esfuerzos por actualizar el marco legal argentino frente a los desafíos planteados por las nuevas tecnologías en materia de privacidad y derechos de las personas. Su tratamiento en el Congreso será seguido de cerca por quienes buscan una respuesta más eficaz a estos fenómenos perjudiciales.
