La Unión Europea (UE) logró cerrar un acuerdo histórico para fijar las primeras reglas con las que limitar los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA). Se espera que las medidas entren en vigencia en 2026. El objetivo de la nueva regulación europea es fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se use con fines represivos, de manipulación o discriminatorios; pero sin que se traduzca en una hiperregulación que afecte la competitividad de la Unión Europea.
«Hemos logrado la primera regulación internacional de Inteligencia Artificial del mundo, nos sentimos muy orgullosos», señaló Carme Artigas, secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tras 35 horas de negociación, los funcionarios y legisladores de la UE sortearon los últimos escollos respecto a la vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad.
La norma ofrece un enfoque basado en el riesgo que categoriza los niveles de riesgo y las restricciones que deben acompañar en función de la escala, lo que implica la prohibición en casos de riesgo «inasumible», como los sistemas de categorización biométrica, la extracción no dirigida de imágenes para crear bases de datos de reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones, sistemas de puntuación social o sistemas que manipulan el comportamiento.
El Parlamento Europeo llegó con una larga lista de usos prohibidos pero el Consejo presionó para que algunos de los sistemas señalados no fueran vetados de salida sino catalogados como de alto riesgo y ajustar las restricciones.
También quedan definidos los sistemas de IA autorizados pero considerados de muy alto riesgo por su importante impacto en la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente y el Estado de derecho. Los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados para influir en el resultado de las elecciones y el comportamiento de los votantes también se clasifican como de alto riesgo, y los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas y recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos.
La legislación acordada también prevé sanciones para los incumplidores que irán desde los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio global hasta los 7,5 millones, en función del tamaño de la compañía.
