Por Daniel Monastersky – Socio Data Governance Latam y Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos de la Universidad del CEMA (CECIB)
El anuncio de la creación de la Oficina de Ciberseguridad por la Corte Suprema de Justicia de Argentina es un paso significativo en la protección de datos críticos. Sin embargo, en un contexto donde los ataques informáticos han sido recurrentes y la infraestructura judicial es deficiente, surgen preocupaciones sobre la implementación efectiva de esta medida y su capacidad para enfrentar desafíos pasados y futuros.
La reciente creación de la Oficina de Ciberseguridad por la Corte Suprema de Justicia de Argentina representa un paso crucial en el reconocimiento de la importancia de proteger los sistemas informáticos del poder judicial. En un país donde los ataques informáticos y la filtración de datos críticos han sido una constante, este anuncio responde a la urgente necesidad de reforzar la seguridad de la información sensible en el ámbito judicial.
No obstante, esta medida, aunque es un avance positivo, también suscita preocupaciones importantes. Argentina ha sido testigo de numerosos incidentes de seguridad informática que han comprometido datos críticos tanto del sector público como del privado. En este contexto, la eficacia de esta nueva Oficina de Ciberseguridad en la protección contra amenazas ya existentes y futuras se vuelve una preocupación central.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de un enfoque proactivo en la gestión de riesgos, la respuesta ágil a incidentes y la formación continua en ciberseguridad. Sin embargo, en un país donde la infraestructura y el funcionamiento de los sistemas judiciales han sido objeto de críticas por su ineficiencia, surge la interrogante sobre si esta nueva oficina será capaz de enfrentar los ataques informáticos de manera efectiva.
Además, la implementación exitosa de estrategias de ciberseguridad requerirá no solo recursos técnicos y humanos especializados, sino también una coordinación eficiente con otros departamentos internos y externos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un entorno donde la colaboración interdepartamental ha sido históricamente un desafío, surge la incertidumbre sobre la capacidad de la Oficina para establecer sinergias efectivas que garanticen la seguridad de los sistemas judiciales.
La Acordada No 32/2023 también destaca la importancia de la cooperación nacional e internacional en materia de ciberseguridad. Sin embargo, la eficacia de estas alianzas estratégicas dependerá no solo de la voluntad de cooperación, sino también de la capacidad técnica y los recursos disponibles para llevar a cabo estas iniciativas.
Aunque el documento no contempla expresamente la integración de un Delegado de Protección de Datos (DPO), su presencia es sugerida como una estrategia clave y una buena práctica para enfrentar desafíos relacionados con la seguridad y privacidad de la información en el sistema judicial.
Si bien la creación de la Oficina de Ciberseguridad por parte de la Corte Suprema es un paso positivo hacia la protección de datos críticos, su implementación efectiva y su capacidad para enfrentar desafíos pasados y futuros plantean interrogantes y preocupaciones válidas. El éxito de esta iniciativa no solo dependerá de la intención y el compromiso, sino también de la capacidad técnica, la coordinación interna y externa, y los recursos disponibles para garantizar la seguridad de los sistemas judiciales en un entorno cada vez más desafiante en materia de ciberseguridad.
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