Las principales plataformas de chat en Internet están instando al gobierno del Reino Unido a reconsiderar un proyecto de ley destinado a disminuir la exposición a los daños en línea, pero que, según los opositores, abriría la puerta a la vigilancia gubernamental masiva.
Los rivales tecnológicos Signal y WhatsApp unieron fuerzas para advertir al gobierno británico que el proyecto de ley “socavaría fundamentalmente la capacidad de todos para comunicarse de forma segura.”
El director de WhatsApp, Will Cathcart, dijo a The Guardian a principios de este año que su empresa preferiría abandonar el Reino Unido antes que cumplir con el proyecto de ley. El martes, Signal tuiteó: “No retrocederemos en proporcionar comunicaciones privadas y seguras”. La presidenta de Signal, Meredith Whittaker, declaró a la BBC en 2022 que la organización “se iría absolutamente, al 100%” si el proyecto se convertía en ley. Ambas aplicaciones ofrecen cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo los participantes en el chat pueden descifrar el contenido de los mensajes.
El proyecto de ley de seguridad en línea del gobierno conservador facultaría al regulador de las comunicaciones británico Ofcom para ordenar a los servicios de chat digital el despliegue de “tecnología acreditada” para identificar contenidos relacionados con el terrorismo o la explotación y el abuso sexual infantil. También impondría a los proveedores de chat la obligación de evitar que los usuarios se encuentren con contenidos terroristas o de pornografía infantil y de reducir al mínimo el tiempo de presencia de los mismos en el servicio.
“La única forma de que los proveedores de servicios que ofrecen cifrado de extremo a extremo cumplan con este deber de diligencia sería eliminar o debilitar el cifrado que ofrecen”, concluyó la Internet Society en una evaluación de 2022.
Los partidarios del Gobierno han dicho que el proyecto de ley no obligaría a aplicaciones de chat como WhatsApp y Signal a comprometer el cifrado de extremo a extremo mediante puertas traseras, sino que facilitaría el acceso de las fuerzas de seguridad a los metadatos de enrutamiento, que no están cifrados. Enfatizaron la necesidad de protección contra los contenidos nocivos en línea. “La responsabilidad de mantener a los jóvenes seguros en Internet recaerá directamente sobre las empresas tecnológicas”, escribió Michelle Donelan, entonces secretaria de Estado de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, a finales de 2022, después de que el Gobierno conservador volviera a presentarla enmendada.
Los grupos de seguridad y derechos civiles dicen que el proyecto de ley debería salvaguardar explícitamente el cifrado de extremo a extremo y advierten que no debería conducir a un escaneo del lado del cliente instigado por el gobierno para eludir el espinoso tema de las puertas traseras, pero aún así obtener mensajes que de otro modo serían inaccesibles debido al cifrado.
