
El organismo de control de la privacidad y los datos del Reino Unido ha multado a cuatro empresas con un total de 370.000 libras esterlinas por infringir las leyes de privacidad locales.
Según el organismo, las cuatro empresas realizaron más de 820.000 llamadas de marketing “predatorias” a personas que se habían registrado en el Servicio de Preferencia Telefónica (TPS), lo que significa que han solicitado explícitamente que no se les contacte.
Los problemas comenzaron después de que un plan gubernamental de 2020 emitiera vales de hasta 5.000 libras esterlinas para ayudar a los ciudadanos británicos a mejorar la eficiencia energética en sus hogares.
Esto llevó a las empresas de aislamiento de desvanes, ventanas y paredes a llamar en frío a los particulares para ofrecerles ayuda.
Sin embargo, la Oficina del Comisario de Información (ICO) pronto se vio inundada de quejas de abonados al TPS que habían recibido llamadas de marketing molestas de dichas empresas.
Muchos de los denunciantes eran personas vulnerables, de edad avanzada o con graves problemas de salud, y afirmaban que el acoso telefónico les había causado una gran angustia. El ICO afirmó que varias empresas también utilizaban diferentes nombres comerciales, lo cual es ilegal.
Las cuatro empresas multadas son:
-Eco Spray Insulations, que realizó 178.190 llamadas a personas registradas en el TPS, y fue multada con 100.000 libras esterlinas
-Euroseal Windows, que realizó 169.830 llamadas a abonados al TPS, y fue multada con 80.000 libras esterlinas y se le impuso un aviso de ejecución
-Green Logic UK, que realizó 11.825 llamadas, y fue multada con 40.000 libras esterlinas y expedida con un aviso de ejecución
-Posh Windows UK, que realizó 461.062 llamadas y fue multada con 150.000 libras.
La medida se adoptó en virtud de la normativa británica sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (PECR), que otorga a las personas derechos de privacidad en relación con las comunicaciones electrónicas, como los correos electrónicos y las llamadas de marketing molestas.
La ICO está facultada para imponer a las empresas infractoras multas de hasta 500.000 libras esterlinas en virtud del PECR.