Expertos jurídicos han expresado serias dudas sobre algunos aspectos de los cambios propuestos por el gobierno del Reino Unido en la legislación sobre protección de datos, alegando que podría poner fin a los flujos de datos racionalizados con los países de la UE.
El largamente esperado y muy criticado proyecto de ley de protección de datos e información digital, se ha presentado como el intento del Reino Unido de actualizar su marco legal, tras el Brexit.
Sin embargo, el equilibrio entre mejorar el RGPD y alejarse demasiado de él es clave. Si ocurre esto último, entonces la UE podría reconsiderar el acuerdo de “adecuación” que permite que los datos fluyan libremente hacia y desde el Reino Unido, con graves consecuencias financieras para las empresas británicas.
El proyecto de ley busca reducir la independencia del regulador de la protección de datos, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), un líder mundial en regulaciones de privacidad que fue fundamental en la redacción del GDPR.
También preocupa que el gobierno tenga demasiado poder para cambiar la legislación sin requerir el escrutinio de los legisladores.
