Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, presentó proyectos de ley que prohibirían la venta de chips estadounidenses u otros componentes a Huawei Technologies, ZTE u otras compañías de telecomunicaciones chinas que violen las sanciones estadounidenses o las leyes de control de exportaciones.
La ley propuesta fue presentada poco antes de que el Wall Street Journal informara que los fiscales federales estaban investigando las acusaciones de que Huawei había robado secretos comerciales de T-Mobile U.S. Inc. y otras empresas estadounidenses.
El Journal dijo que pronto podría haber una acusación de que Huawei robó la tecnología de T-Mobile, llamada Tappy, que imitaba los dedos humanos y se usaba para probar los teléfonos inteligentes.
La acción es la última de una larga lista de acciones tomadas para luchar contra lo que algunos en la administración Trump llaman el engaño de China a través del robo de propiedad intelectual, subsidios corporativos ilegales y reglas que obstaculizan a las corporaciones estadounidenses que quieren vender sus productos en China.
En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una iniciativa para investigar las prácticas comerciales de China con el objetivo de presentar casos de robo de secretos comerciales.
En ese momento, Washington había anunciado una acusación contra el fabricante de chips chino Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd por robar secretos comerciales de la empresa estadounidense de semiconductores Micron Technology relacionados con la investigación y el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de memoria.
Jinhua, que ha negado cualquier maldad, fue incluido en una lista de entidades que no pueden comprar bienes a empresas estadounidenses.
En el Capitolio, el senador Tom Cotton y el representante Mike Gallagher, ambos republicanos, junto con el senador Chris Van Hollen y el representante Rubén Gallego, pertenecientes al Partido Demócrata, presentaron los proyectos de ley que requerirían que el presidente prohibiera la exportación de componentes estadounidenses a cualquier compañía de telecomunicaciones china que violara las sanciones o leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.
Los proyectos de ley citan específicamente a ZTE y Huawei, los cuales son vistos con sospecha en los Estados Unidos debido a los temores de que sus interruptores y otros equipos puedan ser utilizados para espiar a los estadounidenses. Ambos también han sido acusados de no respetar las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
“Huawei es efectivamente un brazo de inteligencia del Partido Comunista Chino, cuyo fundador y director ejecutivo fue un ingeniero del Ejército Popular de Liberación”, escribió Cotton en una declaración. “Si las compañías de telecomunicaciones chinas como Huawei violan nuestras sanciones o leyes de control de exportaciones, deberían recibir nada menos que la pena de muerte, que esta orden de negación les proporcionaría”.
La ley propuesta y la investigación son dos de los varios desafíos que Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, enfrenta en el mercado estadounidense.
Además de las acusaciones de quebrantamiento de sanciones y robo de propiedad intelectual, Washington ha estado presionando a sus aliados para que se abstengan de comprar los interruptores y otros equipos de Huawei por temor a que sean utilizados por Pekín para espionaje.
El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, negó esta semana que su empresa fuera utilizada por el gobierno chino para espiar.
Canadá detuvo en diciembre a la hija de Ren, Meng Wanzhou, que es el director financiero de Huawei, a petición de las autoridades estadounidenses que investigaban un supuesto plan para utilizar el sistema bancario mundial a fin de eludir las sanciones estadounidenses contra Irán.
Por su parte, ZTE acordó en 2018, pagar una multa de 1.000 millones de dólares a Estados Unidos, que se había impuesto porque la empresa violó un embargo estadounidense sobre el comercio con Irán. Como parte del acuerdo, Estados Unidos levantó una prohibición en vigor desde abril que impedía a ZTE comprar los componentes estadounidenses de los que depende en gran medida para fabricar teléfonos inteligentes y otros dispositivos.
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