Una mujer deberá cumplir una pena de 150 horas de tareas comunitarias, por realizar falsas imputaciones y manifestaciones injuriosas, contra un hombre, en redes sociales. La resolución del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires resulta novedosa, frente a actos ofensivos entre personas, que tienen llegada a medios de comunicación.
“Se consiguió poner un límite y de ahora en más, decir cualquier cosa en las redes va a ser castigado”, precisó en exclusiva para Ciberseguridad LATAM el abogado Daniel Monastersky, especialista en derecho informático.
“Este tipo de delitos pocas veces se denuncia, por eso, lo inédito y positivo de esta resolución es que muchas personas se den cuenta de que sí pueden hacerlo y que hay un fallo de la justicia que los apoya. Es importante porque hoy en día sos quien Google dice que sos”, agregó Monastersky.
La causa judicial se inició por la denuncia realizada por Marcelo Frydlewski, marido de la abogada Ana Rosenfeld, el 3 de mayo de 2017. Frydlewski se sintió ofendido luego de que Mónica Lang, la mujer condenada, difundiera varios mensajes en Twitter, por lo que decidió acudir a la Justicia a través de su abogado, Jorge Monastersky.
Las infracciones cometidas por “calumnias e injurias” están individualizadas en los artículos 109 y 110 del Código Penal. Aunque, jamás habían sido aplicados por mensajes lacerantes difundidos en las redes sociales.
La Sra, Lang, en un primer momento, propuso la rectificación de sus dichos utilizando Twitter, la misma plataforma mediante la cual había vertido las calumnias e injurias, pero los letrados de Frydlewski se negaron a ello debido a la escasa cantidad de seguidores con los que ella contaba.
En la audiencia de conciliación realizada en noviembre, la querella le solicitó a Lang, que se rectifique mediante un mensaje en dos diarios de alcance nacional, durante tres días. Así como también, se le exigió el pago de un monto significativo de dinero, para realizar una donación.
En tanto, Lang esgrimió, de acuerdo al fallo emitido el 6 de febrero, no estar en condiciones de afrontar la condena económica. Por tal razón, la fracción denunciante, pidió al juez del Tribunal Oral Criminal 22, Ángel Gabriel Nardiello, que la mujer realice 150 horas de tareas comunitarias en una entidad de bien público.
